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| Foto: Rosalba Piedrahita / Comisión de Monitoreo |
Por: Carlos Arturo Cadavid Valderrama
(carloscadavid@hotmail.com)
Solo en el primer semestre de 2022, el Dagrd certificó la afectación de 858 viviendas a causa de los deslizamientos, las inundaciones y avenidas torrenciales y recomendó 615 evacuaciones (363 definitivas y 252 temporales).
Es la peor noticia que puede esperar una familia afectada, ya que “no hay cama para tanta gente” en materia de disponibilidad de viviendas, refugios y albergues dignos donde estar mientras superan la crisis y el pírrico subsidio de arriendo temporal es insuficiente (máximo por dos períodos de tres meses, aunque hay varios casos de familias que llevan más de 7 o más años esperando ser beneficiarias en las viviendas de interés prioritario, cuya espera se vuelve eterna, porque no se construye en realidad vivienda para los más pobres, solo para el gran negocio inmobiliario (ver las revistas gratuitas en los supermercados para constatar lo afirmado).
Aunque la norma nacional e internacional habla de que los desalojos definitivos o temporales de una vivienda en riesgo o por obra pública, deben realizarse con previa concertación y asignación de una vivienda adecuada, ésta no se cumple integralmente y, si acaso, solo una pequeña parte de los hogares pueden acceder posteriormente a un programa oficial o restaurar su derecho a vivir en sitio seguro mediante otros mecanismos.
En 2019, la propia entidad Área Metropolitana reconoció que en las laderas y en los retiros de corrientes hídricas se encuentran ubicados cerca de 284 mil hogares, lo cierto es que se acrecentó el drama con la migración de unas 400 mil personas venezolanas en el Valle de Aburrá, con la consabida presión sobre los arriendos y los pocos inmuebles en oferta. Por eso crecieron los inquilinatos en forma exponencial y ya hay zonas distintas a las tradicionales con grandes comunidades en este precario uso habitacional en el centro de la ciudad (tradicionales como Bomboná, San Benito, Prado Centro y Niquitao), y en otras comunas como Belén, Guayabal, Manrique, Campovaldés, Castilla, San Joaquín, Robledo y sigue la lista de barrios que han visto el incremento de los inquilinatos y la subdivisión de viviendas grandes en galerías de cuartos, ante semejante demanda de un lugar para habitar, cualquiera que éste sea.
Con la contingencia del cambio climático y el calentamiento global, cuyos rigores se están convirtiendo en el pan de cada día, se hace más difícil la asistencia de las familias que se quedan sin hogar por cuenta de la rigurosidad de las lluvias que no cesan ni en intensidad, ni en duración ni en cobertura en gran parte del territorio antioqueño; con graves consecuencias para miles de personas desplazadas por fenómenos propios o exacerbados por la crisis del clima y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): no hay día que la prensa, hablada, escrita o visual no informe de una tragedia de magnitud, incluso en lugares nunca antes previstos. En Medellín se repiten sin cesar estos acontecimientos en una ciudad cuyos suelos empinados, repletos de inmuebles de todo tipo, informales y formales, en orden y desorden, se saturan en una hora del agua que la pluviosidad antes derramaba en varias semanas, causando movimientos en masa de incalculables consecuencias incluso para las obsoletas redes tendidas por las comunidades o por EPM, que se rompen y quiebran internamente.
La ciudad se construyó, como en casi todo el mundo, con una ingeniería de construcción, civil y de suelos de hace 70 u 80 años, que no aguanta las presiones pluviales del desorden climático actual. Debe entenderse que en la alarma que hacemos se incluye la saturada comuna de El Poblado (atestada de edificios en tiempo récord), que ya ha sufrido no hace mucho graves deslizamientos y deslaves, ante la irrespetuosa intervención de los niveles freáticos y de las corrientes hídricas de los terrenos.
La quebrada La Iguaná, que separa las Comunas 7 Robledo y 13 San Javier, en abril, marzo y mayo pasados, ha presentado cuatro crecientes súbitas por las recias lluvias que no cesan, destruyendo cuatro casas en el sector El Pesebre y obligando a la evacuación definitiva y temporal de varias viviendas afectadas por su desbordado curso.
Por eso la importancia de establecer los planes de emergencia climática para poderle hacer frente a los retos del presente y del futuro con la mayor responsabilidad posible y mitigar las secuelas que se están presentando y que se presentarán en niveles nunca antes sentidos en Medellín.
Emergencia Climática de iniciativa popular es aprobada por Concejo Municipal de Medellín.
Llama la atención que comunidades organizadas como las de los barrios agrupados en el Movimiento de Pobladores de Medellín, que llevan una lucha cívica de más de 10 años por mejorar sus entornos y capacitar a la comunidad en su escuela de laderas, para que incluyan en los planes municipales sus demandas de protección y apoyo para enfrentar la crisis de los impactos climáticos, son las que están jalonando el interés que la administración municipal debe prestar a estos acontecimientos y se puedan obtener recursos urgentes para ello. Su ejemplo debería ser tomado por las juntas comunales y organizaciones sociales y poner estos temas en sus ejes de acción social.
Los barrios El Faro, Golondrinas, Llanaditas, Altos de La Torre y El Pacífico, compartieron públicamente el Mapa del riesgo en el Borde Urbano Rural, donde se ve con claridad que no son cuentos de que existe un número muy alto de viviendas en alto riesgo mitigable y no mitigable, de conocimiento de las autoridades correspondientes. Esta comunidad insiste en que se debe “actuar de manera preventiva y no esperar que se nos venga la montaña encima. La Gestión del Riesgo no es solamente ir a recoger los muertos, sino también realizar acciones de reducción de la amenaza y la vulnerabilidad” (Ver: https://web.facebook.com/movimientodepobladoresmed).
Y en efecto, se presentaron en este mismo mes los deslizamientos en Palos Verdes, San Antonio de Prado y la Comuna 8, todos con alarmas de los mismos pobladores que cayeron en oídos sordos.
Por eso, el pasado 15 de julio este Movimiento y la prensa local informaron que el Concejo de Medellín aprobó oficiarle a la Alcaldía para que declare la emergencia climática de acuerdo con las expectativas de la comunidad, a partir de cinco fundamentos, pero aún no se ha declarado. Estos fundamentos son: 1) Acelerar la disposición de estrategias sociales, técnicas y financieras para brindar garantías a los pobladores en mayor situación de vulnerabilidad; 2) Asignar un presupuesto específico al Plan de Acción Climática; 3) Crear una Comisión de Expertos Asesores en Cambio Climático con participación comunitaria; 4) Implementar la Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas; 5) Garantizar que el Dagrd y el Isvimed cumplan su rol para atender a las familias desplazadas por impactos de la crisis climática, para asegurar el derecho a la vivienda digna de las personas ubicadas en zonas de riesgo, sin discriminación y en forma integral y oportuna.
La emergencia que existe actualmente desde principios de 2020 se basa en la contaminación del aire y ahora la que se exige cuanto antes es en gran parte una concertación de amplios procesos comunitarios integrales acompañados por la propia administración (Isvimed) y la academia (Universidad Nacional) y hace parte del desarrollo de la Política Pública de Protección a Pobladores).